Territorios, sujetxs y derechos

¿Qué es el territorio?

No hay una sola definición de territorio. Hay diferentes aproximaciones a este concepto. Según la disciplina –p.ej. geografía, economía, ciencia política– se le da mayor o menor importancia a cierto enfoque o elemento (como el Estado, poder, identidad, recursos, etcétera.). Las definiciones son construcciones sociales y como tal responden a corrientes y tradiciones de pensamiento.

El concepto de territorio es distinto al de espacio, lugar, paisaje y región.

Definición de territorio para la IPYUCC: El territorio es la configuración y organización, apropiada por un grupo, para realizar y satisfacer sus necesidades vitales, de tipo material y simbólicas, y en el que se construyen procesos y relaciones de poder para su organización y para su uso. El territorio es también la configuración en la que se construyen relaciones sociales y las relaciones con la naturaleza, donde se forman las identidades y la memoria colectiva, se ejercen derechos y desde donde se despliegan decisiones y acciones para imaginar y construir un modo deseado de vida.

Los pueblos indígenas existían desde antes de la conquista y de que se creara el Estado mexicano con la independencia. La propia definición de territorio nacional no coincide con los territorios indígenas. Y hay territorios de los distintos pueblos indígenas que no necesariamente corresponden a la división político-administrativa del país en estados y municipios.

Los territorios están en pugna. Hay una lucha para ver quiénes pueden vivir en los territorios, quiénes los ocupan y quiénes los utilizan. Esta lucha ha sido histórica, pero va cambiando, también, en función del contexto.

Sujetas y sujetos titulares de derechos que habitan, ocupan o utilizan el territorio

En cada territorio hay un conjunto de personas, grupos, pueblos y comunidades que tienen derechos humanos. Esto implica que son sujetas y sujetos titulares de derechos relacionados con la toma de decisiones relacionadas con los distintos tipos proyectos de los diferentes sectores en los que se centra la IPYUCC. Las y los sujetos titulares de derechos pueden habitar, ocupar o utilizar los territorios en varios momentos y de múltiples formas.

Algunas y algunos sujetos titulares de derechos son muy visibles y son a quienes se considera con frecuencia en la toma de decisiones sobre los territorios.

Entre estos está la asamblea ejidal, ejidatarios, comuneros y propietarios privados de la tierra. Hay otras y otros sujetos titulares de derechos que han sido invisibilizados en los territorios. Entre estos están los pueblos afromexicanos, cuyos derechos colectivos apenas fueron reconocidos jurídicamente aunque han estado en los territorios desde hace siglos, y las personas migrantes, desplazadas internas forzadas y refugiadas. Y hay otras y otros sujetos titulares de derechos que no son invisibilizados peor sí suelen estar excluidos de decisiones relacionadas con los territorios y con los proyectos. 

Este es el caso de las mujeres, las personas adolescentes y jóvenes, las niñas y niños, las personas con discapacidad y la población susceptible de ser afectada por dichas decisiones aunque no sea propietaria de la tierra.

En la discusión sobre quién debe decidir sobre los territorios, y sobre los proyectos que se realizan en los mismos, es importante considerar a estas personas y grupos que suelen estar invisibilizados y excluidos del proceso de toma de decisión. Es decir, que se debe incluir a todo el conjunto de sujetas y sujetos titulares de derechos que habitan, ocupan o utilizan
dichos territorios.

Grupos de interés

Los territorios no solo son habitados, ocupados o utilizados por las y los sujetos titulares de derechos. También hay grupos de interés.

Estos grupos de interés también son relevantes en el proceso de toma de decisión respecto de los territorios y de los proyectos. Sin embargo, un interés no es igual que un derecho humano. Por eso, en estricto sentido, los grupos de interés no deben considerarse como equivalentes a las y los sujetos titulares de derechos en los procesos de información y participación en la toma de decisiones sobre los territorios. Los grupos de interés tampoco pueden sustituir a las y los sujetos titulares de derechos en esos procesos.

Entre los grupos de interés están:

Derechos individuales y colectivos, generales y específicos, que tienen las y los sujetos titulares

Todas las personas que han nacido tienen dignidad y por esa dignidad tienen ciertos derechos. Estos son conocidos como derechos humanos. Hay derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Todos estos derechos humanos son igual de importantes y se relacionan entre sí.

Los derechos humanos son inalienables, universales, indivisibles e interdependientes. Esto significa que todas las personas tienen derechos humanos por el mero hecho de ser personas, que no se les pueden quitar esos derechos, que no se pueden asegurar los derechos de unas personas en detrimento de los derechos de las demás personas ni asegurar un derecho sin considerar los demás derechos.

Hay unos derechos humanos que son generales para todas las personas. Otros derechos humanos que son específicos a ciertas personas en función de sus características específicas y necesidades particulares –p.ej. mujeres, personas adolescentes y jóvenes, niñas y niños, personas con discapacidad, personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales o queer–. También hay derechos humanos cuyos titulares no son individuales sino que son sujetas y sujetos colectivos, como los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

Entre los derechos generales está el derecho a la información, a la participación y al desarrollo. Entre los derechos colectivos está el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos: a la libre determinación y a la autonomía, a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo y lo que se hace con sus tierras y territorios, al uso preferencial de los recursos naturales, y a la consulta libre, previa, informada, de buena fe y con pertinencia cultural para llegar a un acuerdo u obtener el consentimiento de una medida susceptible de afectarles.

Estos derechos individuales y colectivos, generales y específicos están reconocidos en el marco jurídico vigente, es decir, en el conjunto documentos como las constituciones, leyes, tratados e instrumentos que existen  a nivel local, regional, nacional e internacional yque aplican en el país. Todos los derechos humanos de todas las personas, grupos, pueblos y comunidades deben ser respetados, promovidos, protegidos y garantizados por el Estado mexicano, y por todas las autoridades que lo conforman, en el ámbito de su competencia o en lo que les toca hacer.

Derecho de acceso a la información

Las personas, grupos, pueblos y comunidades tienen derecho a buscar, recibir y difundir información por los canales que consideren oportunos.

Este derecho se relaciona con las obligaciones de ciertos sujetos obligados. Los sujetos obligados deben transparentar y permitir el acceso a su información y proteger los datos personales.

Se consideran sujetos obligados a cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

El derecho a la información es un “derecho de acceso o un derecho llave” porque se relaciona con la posibilidad que tienen las personas de ejercer otros derechos como el derecho a participar en la vida pública. Una participación significativa, efectiva, inclusiva y equitativa solo es posible con información.

La información a la que tienen derecho las personas no es cualquier información. Esta debe cumplir ciertas condiciones y características para que efectivamente se asegure el derecho.

Derecho a la participación

Todas las personas tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos ya sea directamente o a través de representantes libremente elegidas o elegidos. También tienen derecho a participar de forma directa en la adopción de decisiones sobre cuestiones de interés público, cuestiones locales o sobre asuntos de una determinada comunidad. Además, tienen el derecho a votar y a ser votadas.

El derecho a la participación de las personas no se reduce a participar en las elecciones a través del voto sino que incluye la posibilidad de incidir en las discusiones y decisiones relativas a políticas, medidas, proyectos o actividades, especialmente si estos les afectan.

El ejercicio del derecho de las y los sujetos titulares a participar en la dirección de los asuntos públicos no puede suspenderse ni negarse salvo por los motivos previstos en la legislación y conforme a criterios objetivos, razonables y proporcionales. Los asuntos públicos incluyen el ejercicio del poder político, de los poderes legislativo, ejecutivo y administrativo, de la administración pública y de la formulación y aplicación de políticas internacionales, nacionales, regionales y locales.

La participación es el medio por el cual todas las personas ejercen el control democrático de las gestiones estatales que incluye la posibilidad de cuestionar, indagar y considerar el cumplimiento de las funciones públicas.

La participación permite a las personas formar parte del proceso de toma de decisiones. Sus opiniones deben ser escuchadas y tomadas en consideración. La participación debe tener consecuencias.

La participación facilita que las comunidades exijan responsabilidades de las autoridades públicas para la adopción de decisiones, lo que a su vez, mejora la eficiencia y credibilidad de los procesos gubernamentales.

Las personas y pueblos también tienen derecho a participar de manera activa, libre y significativa en el desarrollo. Este derecho se refiere a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo, a disfrutar de éste y a participar en la equitativa distribución de los beneficios del desarrollo.

Derecho a la participación en el contexto de la realización de proyectos de los sectores y tipos en los que se centra la IPYUCC

Las personas tienen derecho a participar de manera individual y/o colectiva en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativas a proyectos y actividades, así como en otros procesos de autorizaciones ambientales que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente, incluyendo posibles afectaciones a la salud. Esa participación debe darse sin discriminación, de manera equitativa, significativa y transparente, a través de mecanismos y procedimientos adecuados.

Para lograrlo, antes de que se dé la participación, el Estado mexicano debe garantizar que las personas hayan recibido y accedido a la información necesaria para hacer efectivo su derecho a participar en el proceso de toma de decisiones. Esa información debe ser clara, oportuna y comprensible, en los diversos idiomas usados en el país, difundida a través de medios apropiados, que pueden incluir los medios escritos, electrónicos u orales, así como los métodos tradicionales.

En el contexto de la realización de proyectos de los diferentes sectores y distintos tipos en los que se centra la IPYUCC, se debe respetar, promover, proteger y garantizar el derecho a la participación informada en la adopción o toma de decisiones de los mismos porque esas desiciones pueden afectar a las y los sujetos titulares de derechos.

Su participación debe darse de manera sistemática y continua a lo largo de todo el proceso de adopción o toma de decisiones relacionadas con los proyectos.

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