Obligaciones de las autoridades y responsabilidades de las empresas

Obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos humanos

Todas las personas tienen dignidad y esa dignidad se relaciona con ciertos derechos. Estos son conocidos como derechos humanos. Todas las personas tienen derechos humanos por el mero hecho de ser personas. Hay derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Todos estos derechos humanos son igual de importantes y se relacionan entre sí.

El Estado mexicano está formado por distintas autoridades como el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial y en diferentes
órdenes de gobierno como el federal, el estatal y el municipal. Todas esas autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en su ámbito de competencia, en lo que les toca hacer. Deben cumplir con esa obligación siguiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. La interpretación y aplicación de normas relacionadas con los derechos humanos se debe hacer de forma que favorezca la protección más amplia a la persona.

Además, el Estado mexicano está obligado a prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Es decir, aquellas acciones u omisiones que afectan o vulneran la dignidad de las personas, grupos, pueblos o comunidades.

Cada derecho tiene un contenido esencial. Este se refiere a los elementos mínimos que el Estado debe proveer a cualquier persona de forma inmediata y sin que pueda argumentar que no lo puede hacer porque no tiene suficientes recursos o por alguna otra cuestión similar. Ahora, el contenido esencial es el mínimo pero no el máximo. El Estado debe adoptar medidas hasta el máximo de los recursos que tenga para lograr progresivamente, es decir, de manera que avance gradualmente, en la plena efectividad de los derechos humanos. La realización de los derechos depende de que se cumplan ciertos atributos o condiciones. Estas son la disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad de los recursos, bienes, servicios, establecimientos, información y demás medios para garantizar los derechos humanos.

Obligaciones del Estado mexicano relacionadas con el derecho a la información y a la participación en general y en el contexto de la realización de proyectos específicos

Las distintas autoridades que conforman el Estado mexicano tienen obligaciones específicas relacionadas con el derecho a la información y a la participación, obligaciones en el contexto de la realización de proyectos, en la adopción de decisiones con un posible impacto significativo en el ambiente y obligaciones respecto a las actividades empresariales.

Obligaciones relacionadas con el derecho a la información y al a participación

Las autoridades tienen un conjunto de deberes en relación con su obligación de garantizar, proteger, promover y respetar el derecho a la participación y a la información:

Obligaciones en el contexto de la realización de proyectos

En el contexto de la realización de proyectos las autoridades de todos los órdenes de gobierno tienen la obligación de garantizar, proteger, respetar y promover el derecho a la participación y a la información cuando adoptan una decisión que se vincula precisamente a un proyecto. Esto es así porque dicho proyecto puede afectar a las personas y grupos, a través de los impactos que tiene, y todas las personas tienen derecho a participar de manera informada y directa en la toma de decisiones de cuestiones que les afectan.

Las autoridades realizan actos de autoridad en el cumplimiento de sus facultades y atribuciones. En el contexto de la realización de proyectos, las autoridades adoptan y toman decisiones, por ejemplo, cuando:

Obligaciones para la adopción de decisiones sobre actividades específicas que puedan tener un posible impacto significativo en el ambiente

Acuerdo Regional de Escazú

En materia de participación en la toma de decisiones ambientales, el estándar que aborda los deberes de las autoridades es el Acuerdo de Escazú.

Sobre el procedimiento de participación del público (Artículos 5, 7, 10, 11 y 13)

  • Las autoridades deben asegurar que el procedimiento de participación pública contemple plazos razonables y tiempo suficiente, tanto para informar al público, como para que el público participe de forma efectiva. Deberá incluir la oportunidad de que el público presente observaciones por medios apropiados y disponibles, conforme a las circunstancias del proceso, así como establecer condiciones propicias para que la participación pública se adecúe a las características sociales, económicas, culturales, geográficas y de género.
  • En contextos donde el público hable mayoritariamente idiomas distintos a los oficiales las autoridades deberán velar porque se facilite su comprensión e información, alentar el establecimiento de espacios aprobados de consulta en asuntos ambientales para la participación de distintos grupos y sectores, y promover, cuando corresponda, la valoración del conocimiento local, el diálogo y la interacción de las diferentes visiones y saberes.

Sobre las personas y grupos que participan (Artículos 14, 15 y 16)

  • Las autoridades deberán realizar esfuerzos para identificar y apoyar a personas o grupos en situación de vulnerabilidad para involucrarlas de manera activa, oportuna y efectiva en los mecanismos de participación; considerar medios y formatos adecuados para eliminar las barreras de participación de personas o grupos en situación de vulnerabilidad; y garantizar el respeto de la legislación nacional y obligaciones internacionales relativas a los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.
  • Además deberán realizar esfuerzos por identificar al público directamente afectado por proyectos y actividades que tengan un impacto significativo sobre el medio ambiente; y promover acciones específicas para facilitar la participación del público directamente afectado por proyectos y actividades que tengan un impacto significativo sobre el medio ambiente.

Sobre la participación informada (Artículo 6 y 17)

  • Las autoridades deben asegurar que Ee público tiene que se informado de forma efectiva, comprensible y oportuna, gratuita a través de medios apropiados como electrónicos, escritos, orales, tradicionales.
  • El público deberá recibir información mínima sobre: el tipo o naturaleza de la decisión ambiental, cuando corresponda en lenguaje no técnico; la autoridad responsable de la toma de decisiones y otras autoridades e instituciones involucradas; procedimiento previsto para la participación del público (fechas de inicio y fin, mecanismos, lugares y fechas de consulta o audiencia pública); y autoridades a las que se les puede requerir información sobre la decisión y los procedimientos para hacerlo.
  • La información que deberá hacerse pública respecto de autorizaciones ambientales incluirá, al menos: descripción del área de influencia y de las características físicas y técnicas del proyecto o actividad propuesto; descripción de los impactos ambientales del proyecto o actividad y, según corresponda, el impacto ambiental acumulativo; descripción de las medidas previstas con relación a dichos impactos; un resumen en lenguaje no técnico y comprensible; informes y dictámenes públicos de los organismos involucrados dirigidos a la autoridad pública vinculados al proyecto o actividad de que se trate; descripción de las tecnologías disponibles para ser utilizadas y de los lugares alternativos para realizar el proyecto o actividad sujeto a las evaluaciones, cuando la información esté disponible; y las acciones de monitoreo de la implementación y de los resultados de las medidas del estudio de impacto ambiental.

Sobre el resultado de la participación (Artículos 7, 8 y 9)

  • El resultado del proceso de participación deberá tomarse debidamente en cuenta por parte de la autoridad, antes de la adopción de la decisión.
  • Informar oportunamente al público de la decisión, de los motivos y fundamentos que la sustentan, y del modo en que se tuvieron en cuenta sus observaciones.
  • Hacer públicos y accesibles la información sobre la decisión y sus antecedentes.
  • Realizar por medios apropiados (escritos, electrónicos, orales y tradicionales), y de forma efectiva y rápida la difusión de las decisiones que resultan de las evaluaciones de impacto ambiental y de otros procesos.
  • Realizar la difusión de forma efectiva y rápida, por medios apropiados, de la información relativa a los procedimientos previstos para que el público ejerza acciones administrativas y judiciales pertinentes.

Responsabilidades de las empresas en materia de derechos humanos

Los derechos humanos deben ser respetados, promovidos, protegidos y garantizados por el Estado mexicano. Pero su realización no solo depende de lo que hagan o dejen de hacer las autoridades, también importa lo que hagan o dejen de hacer las empresas. Esto fue reconocido, por ejemplo, en los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos, emitidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las empresas deben respetar los derechos humanos. Eso significa que deben abstenerse de infringir los derechos humanos de terceros y hacerle frente a las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tenga alguna participación, lo que implica tomar medidas adecuadas para prevenir, mitigar y, en su caso, remediar esas consecuencias negativas.

Esta es una norma de conducta mundial aplicable a todas las empresas, dondequiera que operen. La responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos se aplica a todas las empresas independientemente de su tamaño, sector, contexto operacional, propietario y estructura. Sin embargo, la magnitud y la complejidad de los medios dispuestos por las empresas para asumir esa responsabilidad puede variar en función de esos factores y de la gravedad de las consecuencias negativas de las actividades de la empresa sobre los derechos humanos. Los proyectos de los sectores y tipos en los que se centra la IPYUCC suelen tener impactos significativos y/o directos en quienes habitan, ocupan o utilizan los territorios en los que se realizan. La responsabilidad que asuman y cumplan las empresas debe ser proporcional.

Entre los principios fundacionales que deben cumplir las empresas están los siguientes: 

  • Realizar sus actividades cumpliendo todas las leyes aplicables y respetando los derechos humanos internacionalmente reconocidos, dondequiera que operen; ciertos derechos humanos pueden estar expuestos a un riesgo mayor que otros en determinados sectores o contextos, razón por la cual se les prestará una atención especial
  • Respetar los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, de contribuir a que se ejerzan
  • Evitar que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos
  • Prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos
  • Remediar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en las que tenga alguna participación, esto es, que las empresas hayan provocado o contribuido a provocar 
  • Incluir consultas sustantivas con grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas, en función del tamaño de la empresa y de la naturaleza y el contexto de la operación

Las empresas pueden asumir otros compromisos o llevar a cabo otras actividades para apoyar y promover los derechos humanos y contribuir a mejorar el disfrute de los derechos. Pero esto no compensa el incumplimiento de sus obligaciones de derechos humanos en el desempeño de sus actividades.

Para cumplir con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, las empresas deben contar con políticas y procedimientos apropiados en función de su tamaño y circunstancias, a saber:

  1. a) Un compromiso político de asumir su responsabilidad de respetar los derechos humanos; 
  2. b) Un proceso de diligencia debida en materia de derechos humanos para identificar, prevenir, mitigar y rendir cuentas de cómo abordan su impacto sobre los derechos humanos. c) Unos procesos que permitan reparar todas las consecuencias negativas sobre los derechos humanos que hayan provocado o contribuido a provocar.

Reparación integral del daño y remediación de la violaciones o afectaciones a derechos humanos por autoridades o empresas en el contexto de la realización de proyectos

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de reparar las violaciones a los derechos humanos. Todas las empresas tienen la responsabilidad de remediar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos en los que tengan alguna participación.

Si las empresas determinan que han provocado o contribuido a provocar consecuencias negativas deben repararlas o contribuir a su reparación por medios legítimos.

Por riesgos para los derechos humanos se entienden las posibles consecuencias negativas de las actividades de la empresa sobre los derechos humanos. A los impactos potenciales se debe responder con medidas de prevención o mitigación, mientras que los impactos reales — los que ya se han producido— deben ser remediados (PR22).

Si se han producido consecuencias negativas que la empresa no ha provocado ni ha contribuido a provocar, pero que guardan relación directa con operaciones, productos o servicios prestados por una relación comercial suya, la responsabilidad de respetar los derechos humanos no exige que la empresa misma deba reparar los daños, aunque puede desempeñar un papel en el proceso de reparación. En ciertos casos, en especial si se ha cometido un presunto delito, la empresa debe cooperar con los mecanismos judiciales.

Toda persona que haya sido víctima de un delito o de violaciones a derechos humanos tiene derecho a:

Las víctimas también tienen derecho a que se les garantice la aplicación de medidas de protección a su dignidad, libertad, seguridad, bienestar físico y psicológico e intimidad, así como a recibir atención y asistencia, de acuerdo a sus necesidades, hasta su total recuperación.

Se considera como hecho victimizante a los actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Estos pueden estar tipificados como delitos o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte.

Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante.

Las medidas de no repetición –son aquellas que se adoptan con el fin de evitar que las víctimas vuelvan a ser objeto de violaciones a sus derechos y para contribuir a prevenir o evitar la repetición de actos de la misma naturaleza–  incluyen… la promoción de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular los definidos en normas internacionales de derechos humanos y de protección a los derechos humanos, por las y los funcionarios públicos … además del personal de empresas comerciales.

Tanto las autoridades como las empresas, deben cumplir sus obligaciones y responsabilidades de reparar integralmente el daño y remediar las consecuencias negativas o impactos sobre los derechos humanos de los proyectos que realizan de los sectores y tipos en los que se centra la IPYUCC.

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